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Integración Social.

Barreras arquitectónicas.

Barreras son aquellas trabas e impedimentos sociales, económicos o arquitectónicos que dificultan la integración de las personas en la sociedad.

Podemos definir las barreras arquitectónicas como todos aquellos obstáculos físicos que limitan la libertad de movimientos de las personas en dos grandes campos:

-La accesibilidad: vías públicas, espacios libres y edificios.
-El desplazamiento: medios de transporte.

Hay varias clases de barreras arquitectónicas:

1.- Urbanísticas: son las que se encuentran en las vías y espacios públicos: aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques y jardines no accesibles, muebles urbanos inadecuados...

2.- En el transporte: se encuentran en los diferentes medios de desplazamiento e incluyen tanto la imposibilidad de utilizar el autobús, el metro, el tren..., como las dificultades para el uso del vehículo propio.

3.- En la edificación: están en el interior, o en los accesos, de los edificios: escalones, pasillos y puertas estrechas, ascensores reducidos, servicios de pequeñas dimensiones

Persona en silla de ruedas, ante una escalinata. Inaccesible,La falta de movilidad es un problema muy grave con repercusiones en muchas facetas en la persona. Implica no poder desplazarse, no poder comer solo, no poder visitar a un amigo, no ir al cine, no poder hacer la compra, no poder salir a pasear... Las personas que necesitan silla de ruedas o bastones, precisan de unos espacios mínimos para poder maniobrar. Esto no implica obligatoriamente mayor superficie, sino una adecuada distribución, un mobiliario adaptado y práctico.

Pero no es suficiente con adaptar la casa del discapacitado, sino que es imprescindible que todos los edificios tengan fácil acceso, públicos y privados, que todas las calles tengan los rebajes pertinentes en las aceras, que los pavimentos sean antideslizantes, que en los ascensores quepa la silla de ruedas. La Administración debe controlar que se cumplan las normas

Persona en silla de ruedas, accediendo a una rampa, en la entrada de un edificio.Si el objetivo prioritario de la Fundación ONCE, atendiendo a la realidad social y a las necesidades del colectivo de discapacitados, pasa por la promoción de la formación y la inserción laboral de las personas con discapacidad, no es menos cierto que, sin facilitar la vida diaria de las mismas y sus posibilidades de acceso y de disfrute de los bienes, servicios y derechos que ofrece la sociedad por parte de las personas con problemas de movilidad, relación o comunicación, no sería posible esa integración y normalización como ciudadanos en su entorno.

- Calles adaptadas.
- Ascensores y plataformas.
- Vados peatonales.
- Itinerarios adaptados.
- Calles peatonalizadas.
- Edificios adaptados.

El C.E.A.P.A.T. está dedicado a potenciar la accesibilidad integral arquitectónica, urbanística, de transporte, comunicación y servicios; así como el desarrollo tecnológico. Promueve la optimización de ayudas técnicas y el diseño para todos, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, con especial atención a personas con discapacidad.

El trabajo del CEAPAT exige una colaboración entre profesionales de diversas especialidades con el fin de buscar desde distintos enfoques las respuestas más efectivas, con atención permanente a los constantes cambios tecnológicos.

El equipo interprofesional del CEAPAT se organiza en varias áreas:

* Área de Arquitectura Accesible.
* Área de Información y Asesoramiento en Ayudas Técnicas y Diseño para todos.
* Área de Desarrollo Tecnológico y Programas de I+D.
* Área de Dirección y Administración.

Las áreas de actividad del CEAPAT se componen principalmente de los siguientes campos:

- Arquitectura y urbanismo accesibles.
- Transporte accesible.
- Diseño para todos.
- Ayudas técnicas y Tecnología de Apoyo.
- Adaptación de puestos de trabajo.
- Acceso al ordenador.
- Evaluación de productos y servicios.
- Normas técnicas. Especificaciones técnicas.
- Investigación y Desarrollo en Tecnología de la Rehabilitación.
- Diseño de adaptaciones.
- Informaciones y publicaciones. Formación y coordinación.

Adecuación de los sistemas de transporte

Persona en silla de ruedas, accediendo a taxi adaptado.Uno de los pilares sobre los que se basan las actuaciones que viene realizando la Fundación ONCE, tendentes a la normalización de la vida autónoma de los discapacitados de nuestro país, es la adecuación de unos sistemas de transporte que permitan el acceso al puesto de trabajo de los que sufren algún problema de movilidad reducida.


Persona invidente accediendo a transporte público, haciendo uso del bastón.

Vehículos adaptados

Existen en el mercado español numerosos vehículos con transformaciones y adaptaciones de todo tipo que permiten viajar como conductor o pasajero a todo tipo de personas con las más variadas y graves discapacidades; incluso usuarios de silla de ruedas. Se trata, por lo general, de vehículos y adaptaciones caros.

Normas

Las normas que controlan la transformación de vehículos están ancladas en el RD 7361/1998, que regula las reformas de importancia de vehículos de carretera.

Las medidas de los Ayuntamientos sobre plazas de aparcamiento reservadas y permisos especiales de aparcamiento se han generalizado. Pero también se han generalizado sus defectos de falta de flexibilidad y generosidad. Además falta uniformidad y validez universal, pese a las iniciativas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Fiscalidad y subvención

Las ventajas fiscales de las que gozan las personas con discapacidad siguen siendo ridículas, especialmente teniendo presente el tipo de vehículos que precisan éstas. Las subvenciones de las CC.AA. suelen ser ínfimas y se limitan a la adquisición del vehículo, no a su posterior mantenimiento.

Necesidades

Dado que todo el mundo realiza alrededor del 50 por ciento de sus desplazamientos en transporte privado, se ha de ayudar a las personas con movilidad reducida a que también puedan hacerlo. 

Para ello:
Inicio de subapartado Son necesarias unas políticas fiscales y de subvenciones más generosas que las actuales, con el objeto de hacer posible que las personas con movilidad reducida, al menos los minusválidos, puedan adquirir y mantener el vehículo que necesitan, o adaptar uno a sus características. Para ello también es necesario que se facilite y abarate la importación de vehículos y equipos, con reducciones arancelarias.
Inicio de subapartado Es necesario optimizar las normas de concesión municipal de reserva domiciliaria o laboral de aparcamientos y unificar y hacer válidas en toda España las tarjetas de permiso especial de aparcamiento.
Inicio de subapartado Es necesario actualizar la normativa que regula la transformación de vehículos, al objeto de contemplar nuevas tecnologías, agilizar los trámites y abaratar los costos de transformación.

Autobús

Las paradas de autobús tienen todavía, en la mayor parte de las ciudades españolas, un gran déficit respecto a sus condiciones de accesibilidad, aun cuando los planes integrales de accesibilidad en algunas de ellas las van adecuando a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

En cuanto al material móvil, los autobuses de piso alto, con peldaños en los estribos, son aún mayoría en las flotas de nuestras ciudades; consecuentemente, son inaccesibles para las personas con movilidad reducida en silla de ruedas. Son muy escasas sus habilitaciones con plataformas elevadoras; más numerosas son las medidas que facilitan la accesibilidad a personas con movilidad reducida con discapacidad motora ambulantes y con discapacidades visuales o auditivas.

El gran salto cualitativo a favor de la accesibilidad de los autobuses se ha dado en esta década, al incorporar a las flotas autobuses de piso bajo. Sin embargo, el hecho de que la renovación masiva de las flotas con autobuses de piso bajo no obedezca tanto a la adecuación a las necesidades de las personas con movilidad reducida, como a la mera mejora de la explotación del servicio, está haciendo que no se instalen en la mayor parte de los nuevos autobuses de piso bajo elementos complementarios que son muy valiosos para las personas con movilidad reducida, especialmente la rampa escamoteable que facilita el embarque/desembarque.

En la actualidad es muy dispar la existencia de medidas tarifarias en favor de las personas con movilidad reducida en las ciudades españolas. En la mayor parte de las ciudades no existen. 

Tampoco suele haber buena información de servicios accesibles, salvo en Barcelona y en una red del País Vasco.

Inicio de subapartado Es necesario generalizar las buenas condiciones de accesibilidad de las paradas de autobús, dentro de planes específicos o de planes globales de supresión de barreras, con el objetivo de permitir a las personas con movilidad reducida un buen acercamiento al autobús.
Inicio de subapartado Es necesario que la totalidad de las flotas de autobuses se renueven, con las medidas de apoyo financiero precisas, con vehículos de piso bajo y que todos ellos dispongan de rampa escamoteable y demás medidas de accesibilidad, con el objetivo de que las personas con movilidad reducida embarquen, desembarquen y viajen en buenas condiciones de seguridad y de comodidad. Cuando sea imprescindible mantener autobuses de piso alto es necesario dotarlos de una plataforma elevadora y demás medios, que como en los autobuses de piso bajo, permitan su uso por personas con movilidad reducida.
Inicio de subapartado También es necesario que en los medios de información habituales y en otros específicos se informe de las medidas de accesibilidad en las líneas. Asimismo, es necesario generalizar una generosa política tarifaria hacia al menos una parte de las personas con movilidad reducida, los ancianos y los minusválidos, que son mayoritariamente personas económicamente desfavorecidas.
Inicio de subapartado Por último, es necesario tomar severas medidas de control de explotación para lograr una calidad aceptable en el viaje, limitando los frenazos y acelerones e incorporando sistemas de apertura y cierre de las puertas que impidan el aprisionamiento de los viajeros.

Especial consideración del taxi adaptado

La Fundación ONCE, en aras a la promoción de la autonomía personal de los discapacitados ha continuado desarrollando el ya tradicional programa Eurotaxi o taxi accesible. En conjunción con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del IMSERSO, ha procedido a la aprobación de un total de 529 vehículos taxi accesibles, en 172 municipios.

Vehiculos Eurotaxi: 529 - Nº de municipios: 172

Al igual que con el programa de supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación, se ha conseguido incluir el programa eurotaxi en el marco de las acciones complementarias del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el Programa Operativo de "Lucha contra la Discriminación" del Fondo Social Europeo, para el período 2000-2006, lo que supondrá para los próximos años una proyección si cabe mayor del programa euro taxi, especialmente en aquellas regiones consideradas por la Unión Europea como de objetivo 1, es decir, aquellas que no superan el 75% del PIB de la media comunitaria.

Legislación sobre eliminación de barreras
La Constitución Española de 1978 en su art. 9, párrafo 2º, dice:
"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."

Recogiendo el mandato constitucional, la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) destina ocho artículos a regular la prevención y supresión de barreras en los ámbitos de urbanismo, edificación y transporte.

En el Título IX , bajo el epígrafe "Movilidad y Barreras Arquitectónicas", la LISMI define las barreras urbanísticas como aquellos obstáculos que dificultan o impiden la libre circulación en vías y espacios públicos y establece que su planificación y urbanización se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables para los minusválidos (art. 54-1º), incluyendo previsiones sobre la adaptación gradual de lo ya construido (55-1º), a cuyo efecto se establece la obligación de los Entes Públicos en general (55-1º), y de los Ayuntamientos en particular, de destinar un porcentaje de sus presupuestos a tal finalidad.

Sobre las barreras en edificaciones públicas y viviendas, el artículo 54 de la LISMI concreta que todos los edificios, incluso los de propiedad privada, cuyo uso implique la concurrencia de público, deben ser accesibles e insiste en la supresión de obstáculos en edificaciones cuya duración previsible sea aún considerable (art. 55).

Y finalmente, al referirse a las barreras en transportes públicos, prevé la adopción de medidas técnicas para ir adaptando progresivamente los transportes públicos colectivos (art. 59) y encomienda a los Ayuntamientos la adopción de las medidas adecuadas para facilitar el estacionamiento de vehículos privados (art. 60).

Han pasado muchos años desde la aprobación de la LISMI. Normas y disposiciones de todo rango, especialmente desde las Comunidades Autónomas, han salido al paso de las dificultades existentes, buscando soluciones. Se ha avanzado, sin duda. Pero aún es claramente insuficiente para garantizar que las personas con discapacidad puedan desenvolverse normalmente.

Comprar una casa adaptada

La legislación vigente contempla que el 3% de las viviendas de protección oficial (VPO) sean accesibles. Pero, en realidad, pocas personas con discapacidad las adquieren. ¿Motivos? Varios: la falta de información puede ser uno, pues el promotor suele dar muy poca difusión a esta oferta.
Otro, sin duda de más peso, que esas promociones de viviendas se hacen, por regla general, en lugares alejados del centro, donde el suelo es más barato. Pero esto añade un segundo problema a la persona con discapacidad: el transporte.

Y un tercero. Generalmente, para poder acceder a una vivienda de protección oficial, es preciso que ésta sea la primera del solicitante. Requisito que deja fuera a todas aquellas personas que disponen ya de una vivienda, pero que necesitan cambiar porque, por ejemplo, un hijo acaba de convertirse en discapacitado como consecuencia de un accidente de moto. Y es ahora cuando necesita una vivienda adaptada.

Las escasas dimensiones son otra dificultad a tener en cuenta, así como la falta de ayudas económicas para poder meterse en la aventura de comprar.

Partiendo del hecho de que la mayor parte de las personas que forman el colectivo de discapacitados no dispone de grandes recursos, sería necesario cambiar la legislación existente sobre adquisición de viviendas de protección oficial, de modo que las promociones pudieran ser mixtas. Es decir: que la casa se pudiera adquirir en propiedad o en alquiler, en todo caso, tras construir teniendo en cuenta las condiciones básicas de accesibilidad, establecer una serie de ayudas económicas para que el usuario de la vivienda pudiera adaptarla a sus necesidades concretas.

La Ley dice también que el 4% de los pisos construidos por organismos oficiales deben estar adaptados para personas con discapacidad. Sin embargo, desde 1990 no se ha construido ninguno en tales condiciones.

El Gobierno en un Plan de Vivienda y Suelo, recoge las condiciones necesarias para poder optar a una casa de nueva construcción con las ventajas del Plan. En él se establece, entre otras condiciones, que los adjudicatarios deberán tener unos ingresos familiares inferiores a 5,5 millones de pesetas anuales; que no tengan, ni hayan tenido antes una casa en propiedad; y que se destine a uso habitual y permanente del destinatario, de modo que no podrá concederse en ningún caso, por ejemplo, para segunda residencia ni podrá alquilarse.

Los créditos o préstamos para comprar una casa de protección o promoción pública se concede por un plazo de 10, 20 ó 25 años.

El Plan de vivienda y suelo 1998-2001,establece también una serie de ayudas para rehabilitar casas o edificios que precisen una mejora.

Baremos de accesibilidad.

Baremos de accesibilidad
OTROS BAREMOS UTILIZADOS: Suelo no deslizante: suelo rugoso que no desliza.

Adaptar la casa en que vivimos.

Desde el punto de vista económico, hay dos vías para conseguir ayudas. Solicitar los créditos para rehabilitación de viviendas, que son competencia de las Administraciones Autonómicas;o pedir las subvenciones a fondo perdido, que concede el IMSERSO o las Consejerías de Bienestar Social allí donde se han hecho las transferencias correspondientes, para la adecuación funcional del hogar o la eliminación de barreras dentro de la vivienda.

Para solicitarlas es necesario ser el propietario de la vivienda. o. en caso de ser inquilino, tener la autorización del propietario y de 3/5 de los copropietarios, si la adaptación afecta a zonas comunes del inmueble como portal, escaleras o ascensores. La cuantía puede alcanzar unas 400.000 -500.000 pesetas.

A caballo entre el problema económico, la incomprensión, la insensibilidad y los discutibles aspectos estéticos, hay que situar la oposición de muchas comunidades de propietarios a que se lleven a cabo, en el edificio donde está la vivienda de la persona con discapacidad, las obras necesarias para convertirlo en accesible. Y, en esta situación, la legislación vigente no soluciona todos los conflictos que se pueden presentar. Veámoslo con cierto detalle.

Por iniciativa de Convergencia i Unió (CIU) se aprobó, en junio de 1990, una modificación en el artículo 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, El artículo 16.1 de la Ley de Propiedad Horizontal quedó redactado así:
"Los acuerdos de la junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas:
Se requerirá unanimidad para la validez de los que impliquen aprobación o modificación de reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad o en los estatutos. No obstante, cuando tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso y la movilidad de las personas con minusvalía, bastará el voto de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación."

Esta modificación mejora, pero no soluciona, el problema. Planteada, por ejemplo, la necesidad de construir una rampa para acceder al portal del edificio, la Comunidad de propietarios puede aprobar o no que se haga, aunque deba hacerlo por mayoría cualificada. Es decir, que basta la oposición de un número suficiente de vecinos para que esa obra, fundamental para que la persona con discapacidad pueda entrar y salir de casa, no se realice.

O puede ocurrir también, que la Junta de Propietarios autorice las obras siempre que el vecino que las solicita en razón de su discapacidad, se comprometa a hacerse cargo del coste. Es decir, que de hecho ya habría dos requisitos que cumplir para poder llevar a cabo la adaptación: lograr el voto de los 3/5 de los propietarios, y comprometerse a pagar personalmente las obras de adaptación.
¿Es esto legal? ¿Qué dice la ley al respecto? El artículo 9.5ª de la Ley de Propiedad Horizontal establece, entre las obligaciones de los propietarios, las siguientes:
"Contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada, o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidad, que no sean susceptibles de individualización".

O sea, que salvo acuerdo expreso de la Junta de Propietarios, si se trata de hacer una rampa o ensanchar el ascensor, deberán pagarlo entre todos puesto que todos van a aprovechar esas reformas, pero si se trata de un elevador mecánico sobre escalera, será la propia persona con minusvalía quien tendrá que costearlo en solitario.

Hay otra norma a considerar, la Ley de Límites del Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras Arquitectónicas a las personas con Discapacidad ( mayo de 1995), que en su artículo 7º establece:
"Los gastos que originen las obras de adecuación de la finca urbana, o de sus elementos comunes, correrán a cargo del solicitante de las mismas, sin perjuicio de las ayudas, exenciones o subvenciones que pueda obtener, de conformidad con la legislación vigente.

Las obras de adecuación realizadas, quedarán en beneficio de la propiedad de la finca urbana.

No obstante, en el caso de reformas en el interior, el propietario podrá exigir su reposición al estado anterior".

Y hay aún otro asunto de fondo: ¿Es un derecho constitucional pedir la supresión de las barreras arquitectónicas para poder acceder al propio domicilio? ¿Es un derecho que deba depender de la autorización de otras personas?

Según el artículo 14 de la Constitución
"Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social."

La doctrina del Tribunal Constitucional establece que se vulnera dicho artículo de la Constitución si se produce trato discriminatorio, si la discriminación es injustificada objetivamente y si hay identidad de situaciones, estableciendo un término de comparación. Todos ellos se cumplirían en el caso de la negativa a autorizar las obras, pues habría de compararse el acceso a su vivienda de los vecinos válidos y los discapacitados. La no autorización supondría la imposibilidad de estos de acceder en las mismas condiciones que los demás; por tanto, habría discriminación.

Y resultaría igualmente vulnerado el artículo 19 de la Constitución:
"Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional."

A la vista de lo anterior, parece lógico pensar que el derecho a suprimir barreras arquitectónicas por parte de la persona con discapacidad o su familia, tiene naturaleza constitucional y es directamente exigible y aplicable.

En la práctica, lo más común antes era resolver los problemas surgidos en las comunidades de propietarios por estos asuntos, mediante juicios de menor cuantía. Pero, desde la promulgación de la Ley sobre Dominio de Inmuebles, se ha establecido el procedimiento del juicio verbal, lo que supone una mejora ya que es más rápido y permite, además, la ejecución de las obras, aunque presentando la correspondiente fianza.
(Fuente: "Supresión de barreras arquitectónicas en los edificios en régimen de propiedad horizontal", Emilio González Romero, diciembre de 1996).

Playa accesible para personas discapacitadas.


Grupo de  personas con discapacidad física, en silla de ruedas, en una playa  adaptada


La playa de San Antonio de Cullera se ha convertido en la primera playa de España accesible para personas con movilidad reducida.

El acondicionamiento de la playa de San Antonio se basa en primer lugar en una zona de aparcamiento para minusválidos. El acceso a la arena se realiza mediante una rampa en primer lugar, llegando hasta los tableros de madera en la que existen unos vestuarios, servicios y ducha adaptada. De ahí se puede llegar hasta una zona de descanso con sombrillas y se continua hasta la misma orilla de la playa, donde existen unas sillas anfibias que pueden utilizar los minusválidos.

En resumen:

A pesar del indudable avance que ha supuesto la aprobación de la Ley sobre Dominio de Inmuebles, todavía queda mucho por hacer. La mayor tarea está en el cambio de mentalidad social. 

Es preciso que la discapacidad deje de ser un problema personal, para pasar a ser un hecho que afecta a la sociedad en su conjunto. Y hay que pasar también de la situación actual, en la que se permite eliminar las barreras arquitectónicas, bajo determinadas circunstancias, a exigir su eliminación obligatoria.

Sólo así será posible avanzar en la verdadera integración de las personas con discapacidad.

Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (BOE 23/05/89)

Artículo 1
En los edificios de nueva planta, cuyo uso implique concurrencia de público y en aquellos de uso privado en que sea obligatoria la instalación de un ascensor, deberán ser practicable por personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes itinerarios:
- La comunicación entre el interior y el exterior del edificio.
- En los edificios cuyo uso implique concurrencia del público, la comunicación entre un acceso del edificio y las áreas y dependencias de uso público.
- En los edificios de uso privado, la comunicación entre un acceso del edificio y las dependencias interiores de los locales o viviendas servidos por ascensor.
- El acceso, al menos, a un aseo en cada vivienda, local o cualquier otra unidad de ocupación independiente.
- En los edificios cuyo uso implique concurrencia de público, este aseo estará, además, adaptado para su utilización por personas con movilidad reducida.

Artículo 2
Para que un itinerario sea considerado practicable por personas con movilidad reducida, tendrá que cumplir las siguientes condiciones mínimas:
- No incluir escaleras ni peldaños aislados.
- Los itinerarios tendrán una anchura libre mínima de 0,80 metros en interior de vivienda y de 0,90 metros en los restantes casos.
- La anchura libre mínima de un hueco de paso será de 0,70 metros.
- En los cambios de dirección, los itinerarios dispondrán del espacio libre necesario para efectuar los giros con silla de ruedas.
- La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante una rampa será del 8 por 100.
- Se admite hasta un 10 por 100 en tramos de longitud inferior a 10 metros y se podrá aumentar esta pendiente hasta el límite del 12 por 100 en tramos de longitud inferior a 3 metros.
- Las rampas y planos inclinados tendrán pavimentos antideslizantes y estarán dotados de los elementos de protección y ayuda necesarios.
- El desnivel admisible para acceder sin rampa desde el espacio exterior al portal del itinerario practicable tendrá una altura máxima de 0,12 metros, salvada por un plano inclinado que no supere una pendiente del 60 por 100.
- A ambos lados de las puertas, excepto en interior de vivienda, deberá haber un espacio libre horizontal de 1,20 metros de profundidad, no barrido por las hojas de las puertas.
- La cabina del ascensor que sirva a un itinerario practicable tendrá, al menos, las siguientes dimensiones:
- Fondo, en el sentido de acceso: 1.20 metros.
- Ancho: 0,90 metros.
- Superficie: 1,20 metros cuadrados.
- Las puertas, en recinto y cabina, serán automáticas, con un ancho libre mínimo de 0,80 metros.
- Los mecanismos elevadores especiales para personas con movilidad reducida deberán justificar su idoneidad.

Artículo 3
Cuando las condiciones físicas del terreno o el plan especial lo exijan, podrán otorgarse excepcionalmente licencias de edificación, aunque no se ajusten plenamente a las condiciones contenidas en los artículos anteriores.
En estos casos, el otorgamiento de la licencia estará condicionado a la presentación de un proyecto que justifique dicha imposibilidad o que su realización es incompatible con el respeto de los valores histórico-artísticos, paisajísticos o de otra índole que contemple el plan especial.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
La aplicación del presente Real Decreto se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Orden de 3 de marzo de 1980, sobre Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para minusválidos, proyectadas en viviendas de protección oficial.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El presente Real Decreto no será de aplicación a los edificios que en la fecha de entrada en vigor se hallen en construcción, o cuyos proyectos hayan sido aprobados por la Administración o visados por Colegios Profesionales, ni a los que tengan concedida la licencia para su edificación.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
El presente Real Decreto tendrá carácter supletorio respecto de las normas que, conforme a sus competencias, puedan dictar las Comunidades Autónomas.

Segunda
Este Real Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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